Escrito como una colaboración entre: Kay Escobar, Leandra Gerena, Maria Eva Dorigo, Saray Ramos, Jesselly De La Cruz, Patricia Campos-Medina
El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló Roe v. Wade y el derecho constitucional al aborto a través de su decisión en Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Dos años después, esta decisión sigue perjudicando los derechos reproductivos, la autonomía corporal y el acceso a abortos seguros en todo el país, afectando desproporcionadamente a personas negras, latinas/x, indígenas, personas con bajos ingresos, personas trans y no binarias, inmigrantes, adolescentes y personas con discapacidades.
Hoy en día, 41 estados tienen algún tipo de prohibición del aborto, y 14 de esos estados aplican una prohibición total. Entre estos estados se encuentran Arizona, Florida y Texas, donde reside una población predominantemente latina/x. Una investigación de la National Partnership for Women & Families, publicada en octubre de 2023, encontró que aproximadamente 6.7 millones de latinas—el 43% de todas las latinas en edad reproductiva (15-49 años)—viven en estados donde el aborto está prohibido o es probable que sea prohibido. En Arizona, Florida y Texas, donde el aborto está prohibido o severamente restringido, estas latinas representan un tercio de todas las latinas en edad reproductiva del país.
El Guttmacher Institute, una destacada organización de investigación y política dedicada a promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SRHR) a nivel mundial, informa que el 23% de las latinas y el 13% de las mujeres negras de 15 a 49 años no tienen seguro médico. Además, el 22% de las mujeres de 15 a 49 años con ingresos por debajo del nivel de pobreza federal carecen de seguro médico. Con un alto porcentaje de latinas y mujeres negras sin seguro médico, muchas no pueden pagar los servicios de salud reproductiva necesarios, como la anticoncepción, la atención prenatal y el aborto. Las latinas ya enfrentan desafíos significativos en el acceso a la atención médica, con altas tasas de falta de seguro y acceso limitado a la atención preventiva. El cierre de clínicas que ofrecen estos servicios reducirá aún más sus opciones de atención médica. Además, las latinas indocumentadas seguirán enfrentando barreras adicionales debido a las altas tasas de falta de seguro y la criminalización de su existencia, lo que dificulta aún más el acceso a abortos.
Nueva Jersey es considerada un estado con algunas de las leyes y protecciones más sólidas en torno a la atención reproductiva y el aborto en el país. Estas protecciones incluyen la ausencia de restricciones basadas en la duración gestacional (duración del embarazo), planes de Medicaid estatal y seguros de salud privados que cubren el aborto, y leyes de protección para proveedores, entre muchas otras. Sin embargo, muchos grupos de personas permanecen desprotegidos y en riesgo en el estado, incluidos los no hablantes de inglés, los inmigrantes indocumentados y las personas sin seguro, que tienen más probabilidades de enfrentar barreras sistémicas, económicas y lingüísticas para acceder a estos servicios.
Un informe reciente desarrollado por el Comité de Justicia del Aborto de Nueva Jersey y la Latino Action Network Foundation, que se publicará el 29 de junio de 2024, resalta estas disparidades continuas y pone de relieve las realidades de las comunidades inmigrantes latinas/x en el estado. Esta investigación, liderada por la comunidad, se enfoca en la accesibilidad de una gama de servicios generales de salud reproductiva para inmigrantes latinos/x. Dos de los hallazgos más impactantes de este informe son que el 42% de los participantes consideran difícil o muy difícil acceder a los servicios de salud reproductiva, y el 69% no sabían que el aborto es legal en Nueva Jersey.
Existe una necesidad urgente de mejorar la provisión de una atención reproductiva y servicios de aborto adecuados, accesibles y asequibles para nuestras comunidades. Nueva Jersey tiene la oportunidad de establecer un estándar nacional como líder en derechos reproductivos.
Es imperativo que los funcionarios estatales, legisladores, agencias de salud y defensores intensifiquen los esfuerzos para garantizar que los inmigrantes latinos/x y los no hablantes de inglés puedan acceder fácilmente a servicios esenciales de salud reproductiva, incluidos tratamientos para ITS, exámenes de cáncer y OB/GYN, atención de afirmación de género, servicios de aborto y más. Este compromiso es crucial para lograr resultados equitativos en salud para todas las personas en nuestras diversas comunidades.
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